La aplicación de la nueva Ley de Pesca de Castilla y León para esta temporada, que ha generado un profundo malestar entre una gran parte de pescadores, especialmente en el medio rural, parece que va a producir más problemas de los que se preveían en un principio. Atribuir la perdida de poblaciones trucheras criminalizando exclusivamente al pescador y obviando las principales agresiones al medio natural como son la pérdida de la calidad de las aguas por contaminación, las agresiones a los cauces por extracción de áridos, la reducción de los lechos de inundación con escolleras kilométricas, los depredadores alóctonos, la falta de vigilancia … no hace justicia al pescador que, casi siempre, respeta y cuida el hábitat natural más que la propia administración.

Hace unos días el procurador de la UPL Alejandro Valderas, tomaba la iniciativa para intentar demorar dos años la aplicación de la Ley y consensuar en este tiempo los reglamentos con los pescadores. Posteriormente el portavoz socialista Julio Villarrubia criticaba en La Vecilla la nueva Ley que no solo no va a solucionar el problema de los ríos y las truchas, sino que conseguirá arruinar el turismo rural y la industria, genuinamente leonesa, del gallo de pluma y la confección de moscas ahogadas. A Villarubia le faltó decir «Si conseguimos gobernar derogaremos la Ley». No sería nada extraño ya que la anterior Ley de protección de los ecosistemas acuáticos y de la pesca nació por iniciativa socialista. Al votante cada vez más desencantado, desideologizado y abstencionista, a veces le basta un simple detalle para orientar su voto en determinada dirección. Cabe suponer que el Consejero Silván valoró los riesgos de orden público que sin duda se producirán las primeras jornadas de pesca en el río, pero tal vez no valoró que, el cabreo de la gente, pueda materializarse en las urnas, y las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina.